Hace tres años, la Unión Europea activaba para la acogida de personas ucranianas lo que se conoce como Directiva de Protección Temporal.
Se trata de un mecanismo que permite a los desplazados residir, trabajar, estudiar o recibir atención sanitaria en cualquier país de la comunidad europea.
Eso sí, este régimen de amparo no es indefinido y, además, acabará en marzo de 2026, dentro de un año.
Es por eso que Cáritas Europa, junto a más de 130 entidades, piden que se prorrogue mientras se busca una solución a largo plazo que garantice estancias más duraderas.
Lo que alegan es que en Ucrania todavía no se está a salvo y que se siguen reportando a diario ataques aéreos y bombardeos.
También, señalan que, aunque se logre un alto el fuego en el futuro, las ciudades están destruidas, por lo que no es un espacio seguro para una vuelta definitiva.
Por el momento, son más de 4 millones y medio de personas las que se han beneficiado de este estatus de protección temporal.
CA