De expulsar y detener al clero católico a asfixiar a la Iglesia económicamente. Lo último del régimen de Ortega: obligar a pagar impuestos por las parroquias, escuelas e iniciativas humanitarias. Pero no se queda ahí. También las donaciones estarán sujetas a regímenes tributarios.
Hasta ahora, las instituciones religiosas estaban protegidas fiscalmente. Es decir, tenían limitados varios impuestos, como el de la renta. Esto se traduce en que las instituciones de todas las confesiones pasarán a equipararse con una empresa privada.
Será un impuesto del 10 al 30% el que se aplicará a limosnas y donaciones. Sus consecuencias afectarán de lleno a la Iglesia. Por ejemplo, está en riesgo no solo la labor caritativa. También está en juego la manutención del personal.
Estas nuevas medidas del régimen se suman al cierre de 1.500 organizaciones en todo el país. Prácticamente la mitad son religiosas. Una situación que preocupa mucho a la comunidad internacional.
LIZ THROSSELL
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH
El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.
Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.
Desde 2018, cuando empeoró la persecución religiosa, más de 300.000 nicaragüenses han huido al país vecino, Costa Rica, en busca de asilo.
KG
TR: AM/CA
