El Vaticano presentó una queja diplomática ante la embajada de Francia después de que, hace unos días, un tribunal civil fallase en primera instancia contra del cardenal Ouellet y una congregación religiosa por “despido injustificado y vejatorio” de una monja.
Los hechos se produjeron después de una investigación interna que le encargó el papa a Ouellet cuando era prefecto del Dicasterio para los Obispos, tras varias denuncias presentadas dentro de la comunidad que dieron lugar a tensiones internas.
Concretamente, la Oficina de Prensa de la Santa Sede aclaró varios puntos sobre este tema:
Por un lado, que se han enterado de esa supuesta decisión de la justicia francesa solo por la prensa, y que el cardenal nunca recibió ninguna citación del tribunal. De ser así, ni Ouellet ni los otros dos investigadores habrían tenido la oportunidad de defenderse de las acusaciones.
Por otro, la Santa Sede señala que un tribunal civil no se debe pronunciar sobre cuestiones “internas” y de “pertenencia a un instituto religioso” porque se podría producir una “grave violación de los derechos de libertad religiosa y de asociación de los católicos”.
En cuanto a las alegaciones de la monja, señaló que su expulsión fue injusta, que no se pudo defender y que le dieron orden de abandonar el convento de la noche a la mañana. Por todo ello solicitó una indemnización de 800.000 euros.
Ante esta sentencia en primera fase, la congregación ha expresado a través de un comunicado lo siguiente:
Esta sentencia, dictada en un procedimiento unipersonal y no por un colegio de jueces, es criticable en varios aspectos, y hemos dado instrucciones a nuestros abogados para que interpongan inmediatamente un recurso ante el Tribunal de Apelación de Rennes.
Por el momento, lo que dictamina la justicia es que la congregación, Ouellet y los otros investigadores tendrán que pagar 200.000 euros a la monja por daños morales y materiales.
CA
