Tres meses después de la cumbre sobre abusos sexuales que reunió en Roma a obispos de todo el mundo, el Papa Francisco ha promulgado una nueva ley para toda la Iglesia con unos objetivos muy claros.
MONS. JUAN IGNACIO ARRIETA
Secretario, Pontificio Consejo para los Textos Legislativos
“Determina la obligación de denunciar de parte de clérigos y religiosos y demás autoridades eclesiásticas. Establece obligatoriamente formas seguras para transmitir las acusaciones a la autoridad que debe investigar. Y establece normas para proteger tanto a quien realiza la denuncia como a la víctima del delito”.
El Vaticano ha explicado el contenido de este nuevo Motu Proprio del Papa titulado “Vosotros sois la luz del mundo”.
Estas nuevas normas obligan además a la denuncia inmediata, no solo de los abusos, sino también de cualquier encubrimiento y de la posesión de material de carácter pedófilo. A partir del próximo junio todos los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia católica, incluida, por supuesto, la jerarquía, estarán sometidos a esta ley.
MONS. CHARLES SCICLUNA
Secretario adjunto, Congregación Doctrina de la Fe
“Ahora tenemos una ley universal que determina las etapas fundamentales para la investigación de un miembro de la jerarquía, que puede ser un obispo, un superior mayor, religioso o religiosa. Advierte de que también la jerarquía está sometida, no solo a la ley de Dios, sino también a la ley canónica. Tiene que responder de los crímenes cometidos por eso ya no hay inmunidad porque el delito haya sido cometido por alguien de la jerarquía”. “Nadie en la jerarquía está por encima de la ley”.
El Motu Proprio “Vosotros sois la luz del mundo” también pone en marcha un sistema más preciso de control para los obispos a través de los arzobispos metropolitanos o incluso de los laicos de la diócesis.
Establece que antes de 2020 cada diócesis del mundo disponga de una oficina o un sistema para recibir las denuncias.
Otro punto importante es la agilización de los tiempos. Los obispos tienen que informar inmediatamente a Roma sobre los presuntos casos. El dicasterio encargado tendrá que responder en 30 días y la investigación no deberá prolongarse más de 90 días.
